Un tratado internacional todavía vigente justificaría una intervención militar ante la comunidad internacional sin tener que pasar por las Naciones Unidas.
Al contrario de sus vecinas europeas, hoy España no conserva ni un solo pedrusco de su antiguo imperio en América, mientras que Francia, Holanda e Inglaterra siguen manteniendo una presencia física y una influencia política en la región.
La soberanía de las últimas propiedades españolas en el continente fue cedida por el Tratado de Paris, firmado el 10 de diciembre de 1898. Acordando una independencia formal en 1902 al archipiélago, el presidente norteamericano William McKinley cumplió con los compromisos públicos que justificaron la intervención militar en aquella sangrienta Guerra Civil entre españoles.
La independencia fue puramente formal porque los cubanos debieron aceptar que se adscribiera a la constitución un apéndice que limitaba su soberanía. En efecto, Cuba no podía a contraer empréstitos internacionales, o sea financiar al Estado con deuda pública, ni mantener relaciones independientes con otros países si las mismas contradecían la política del Departamento de Estado. Del mismo modo, el archiconocido Artículo III autorizaba la intervención militar “para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los EE.UU. por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba”.
Aunque la Enmienda Platt fue abolida formalmente en 1934, una de las obligaciones que adquirió el gobierno cubano en aquella época, -que fue la de aceptar la instalación de bases militares en su territorio-, todavía sigue vigente en virtud del Tratado de Arrendamiento de Bases Navales y Carboneras, firmado por la joven República en 1903.
A pesar de que el régimen de La Habana haya manifestado su desacuerdo reiterado desde su advenimiento en 1959; la bahía Guantánamo sigue estando alquilada, y por consecuencia, vigente el Tratado que da forma jurídica a ese arrendamiento. Un texto al que refiere todo el mundo desde principios de siglo pasado pero que muy pocos se han tomado el trabajo de leer. En la actualidad, ningún jurista ha destacado la vigencia del mismo, ni medido el verdadero alcance de sus efectos legales.
Reproduzcamos en su integralidad el Artículo tercero que es el que nos interesa:
“Si bien los Estados Unidos reconocen por su parte la continuación de la soberanía definitiva de la República de Cuba sobre las extensiones de tierra y agua arriba descritas, la República de Cuba consiente, por su parte, en que durante el período en que los Estados Unidos ocupen dichas áreas a tenor de las estipulaciones de este Convenio, los Estados Unidos ejerzan jurisdicción y señorío completos sobre dichas áreas con derecho a adquirir (bajo las condiciones que más adelante habrán de convenirse por ambos Gobiernos) para los fines públicos de los Estados Unidos, cualquier terreno u otra propiedad situada en las mismas, por compra o expropiación forzosa, indemnizando a sus poseedores totalmente”.
Mas claro ni el agua, ¿verdad? Donad Trump tiene todo el amparo legal para extender a su guisa el área que controla en Cuba, y aunque el régimen de Castro patalee y se queje en los organismos internacionales, no podrá oponerse, si no es por la fuerza de las armas, (una eventualidad bastante improbable) a que Estados Unidos amplíen su territorio hasta La Habana misma. En media tarde podría resolverse el problema, no solo de Cuba, sino el del resto de los países de Iberoamérica que La Habana controla.
¿Por qué no reivindicar entonces la letra de un tratado internacional todavía vigente para acabar con la dictadura cubana?
Creo que todos conocemos la respuesta. Las ganas de acabar con los Castro se han convertido en mera retórica electoral. La verdad es que desde hace ya tiempo Estados Unidos no apuestan por el colapso del castrismo, pues las perspectivas de hacerse cargo del territorio como lo hicieron a principios del siglo XX, no son de prioridad inmediata.
Las pruebas de lo dicho están al alcance de todos, sólo un ciego podría no verlas. Desde hace más de 20 años, todos los presidentes derogan el artículo tercero de la Ley Helms Burton en virtud del cual cualquier compañía no norteamericana que tiene tratos con Cuba puede ser sometida a represalias legales, incluyendo que los dirigentes de dichas compañías pueden ver prohibida su entrada en Estados Unidos. Si este texto llegara a aplicarse, el régimen se derrumbaría enseguida. Sin embargo, ningún presidente se ha atrevido. Por esa razón los Meliá y otros negreros del siglo XXI siguen haciendo negocios en territorio norteamericano sin que nadie los moleste.
El último en prorrogar la aplicación de la Ley ha sido Donald Trump. Con ese gesto, el presidente al igual que sus predecesores, reitera su desinterés por el tema cubano. No obstante, todavía le queda un camino si es que prefiere no enfrentarse al sector industrial o al rechazo de sus socios internacionales. El de aplicar de inmediato el artículo tercero del Tratado de arrendamiento de Bases Navales y Carboneras, ya mencionado, que autoriza legalmente la intervención armada. Militarmente sería un paseo y el pueblo cubano se lo agradecería seguramente.
Ya puestos a soñar, también podría restituir la soberanía de Puerto Rico a España. Después de todo, la Península Ibérica es uno de sus más fieles aliados internacionales, con una importantísima base militar en su territorio. Sería una manera de hacer justicia.
En un final, todo quedaría en casa y entre amigos.
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